Presidenta de jueces de Policía Local explica por qué es un problema que este organismo se haga cargo de multas por no votar

Está en discusión en el Congreso el proyecto para hacer las elecciones municipales y regionales en dos días. Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa es que la Cámara de Diputados rechazó que existan multas para quienes no voten, pese al régimen de sufragio obligatorio. La decisión reabrió el debate sobre como penalizar a quienes no cumplan con su deber cívico, considerando que hasta ahora el sistema tiende a colapsar los juzgados de policía local con ciudadanos que buscan excusarse.

Para hablar del tema, en ‘Qué Hay De Nuevo’ conversamos con Carola Quezada, presidenta del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local, que asegura que es necesario revisar cómo fiscalizar el ausentismo electoral sin que recaiga la responsabilidad exclusivamente en un organismo ya colapsado:

“Cuando una persona la denuncian por no votar, hay una serie de excusas que pueden presentarse. Frente a eso no hay nada más que discutir. Es un proceso que se podría dar perfectamente en sede administrativa, como por ejemplo directamente en el Servel”.

Agrega que el problema de que recaiga exclusivamente en los juzgados de policía local fiscalizar el voto obligatorio es que por lo general los casos son masivos:

“Son denuncias muy masivas. Hablamos de un universo de 15 millones de votantes. Aproximadamente 2 millones y fracción no votan, y esos son denunciados en los juzgados de policía local. Es un problema la masividad de las denuncias. Son personas que hay notificar, citar, llevar a cabo un procedimiento para cada una de ellas”.

Todo esto sin considerar de que se trata de organismos que no tienen tantos recursos:

“Los juzgados de policía local son los tribunales más precarios del país. No tenemos sistema de tramitación electrónica, tenemos presupuestos muy distintos a los de otros lados. A esos juzgados los estamos colapsando con un gran número de denuncias de personas que tienen que excusarse de votar, y ahí se produce un problema. Ponemos en riesgo la sanción y que el voto obligatorio sea realmente efectivo”.

Además, Quezada observa posibles peligros de cómo está implementado el sistema ahora:

“Si los juzgados de Policía Local tenemos que aplicar esta multa, y las personas no la pagan, tendríamos que decretar orden de reclusión. Pensemos que el sistema judicial podría colapsar por demasiadas órdenes de reclusión… Como jueces tenemos principio de inexcusabilidad, no podemos negarnos a tramitar estas denuncias”.

Ante esto, reitera:

“Consideramos que esto debe ser conocido en una sede administrativa, y eso necesariamente tiene que ser discutido en el Congreso a través de una reforma”.