Abogada Alejandra Castillo explica que los casos judiciales sin resolver en Chile responden por una parte al “déficit de recursos periciales”

Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con Alejandra Castillo, directora del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Diego Portales (UDP), sobre la ola de homicidios registrados en la región Metropolitana y los crímenes sin resolver en Chile.

Consultada por los llamados “misterios sin resolver” en Chile, tales como el caso de Anahí Espíndola, cuyo cuerpo aún no ha podido ser retirado del Servicio Médico Legal (SML), Castillo explicó que esto responde, por una parte, a “un problema de déficit de recursos periciales porque uno piensa que en general peritos expertos para distintos tipos de muerte, por ejemplo, o peritos incluso que puedan concurrir en juicios para esclarecer ciertos hechos, peritos antropológicos, psiquiátricos, abundan, y la verdad es que no es así. No hay tanto recurso en términos de capital humano capacitado para lograr esclarecer este tipo de hechos, entonces esas demoras muchas veces tienen que ver con que falta personal capacitado”.

Ahora, cabe aclarar que también existe “un problema conceptual de qué es un crimen sin resolver. Eso pasa en todos los países. Yo viví 12 años en Alemania y había una serie de casos que todavía estaban sin sentencia, sin imputado conocido, sin condena, y eso se debe a diversos factores”. En concreto, lo que ocurre en Chile, consideró que “numéricamente yo no creo que sean tantos los casos, en términos cuantitativos, pero sí son casos que son muy mediáticos”.

Por último, la experta negó que el crimen organizado fuera la forma estándar de criminalidad o mayoritaria en nuestro país, pero que sí genera mayor temor. Al respecto, expresó que “a mí qué es lo que me da susto con esto, es que las medidas que se quieren adoptar, sobre todo a través de los últimos proyectos que han sido motivados por la Fiscalía en el Parlamento, es a una medida de persecución que sea muy vulneradora de las garantías fundamentales de todos y todas, es decir, porque es verdad que el crimen organizado no puede justificar toda medida procesal, eso no puede ser”. En cambio, cree que lo que se debe hacer es “tratar de documentar cuáles son los focos de crimen organizado, que es lo que se está haciendo, la Fiscalía creó una unidad especial de crimen organizado, que me parece que es una medida adecuada, pero siempre con resguardo”.