Exfiscal Luis Toledo sostiene que “el Estado no ha sido eficiente para reprimir ni para hacer retroceder a la criminalidad de nuestro país”
El segundo informe desarrollado por el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, que analiza datos de la Fiscalía de entre 2013 y 2023, expuso que los homicidios y el tráfico de drogas aumentaron un 121% y un 91%, respectivamente. Además, en este se concluye que, en el mismo período, el 90% de los robos no tuvo un imputado conocido, mismo delito por el cual bajaron un 41% las condenas.
Conversamos en ‘Qué Hay De Nuevo‘ con Luis Toledo, exfiscal y director del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián (USS), para analizar la crisis de seguridad que vive el país en base a los datos de la Fiscalía de entre el 2013 y el 2023.
Al analizar los diversos resultados del segundo informe realizado por el CESCRO USS, Toledo destacó que “hay rendimientos preocupantemente disímiles en las distintas regiones del país porque estamos hablando de un único país que tiene diferentes resultados en la persecución penal en distintas regiones y eso creo que no ayuda ni colabora en la percepción de seguridad de las personas”.
Desde su punto de vista, “el Estado no ha sido eficiente para reprimir ni para hacer retroceder a la criminalidad violenta de nuestro país, nos estamos acostumbrando y eso hoy día tenemos data para afirmarlo”.
Por último, consultado por las consecuencias de que la ciudadanía ya no confía en el sistema judicial, a raíz de los diversos casos de corrupción, el exfiscal criticó que “pasamos de un escándalo a otro y nos olvidamos de los anteriores y de la medición global. No estamos midiendo como deberíamos medir, no pedimos eficiencia concreta respecto de los organismos de seguridad y de persecución o de prevención de los delitos, no pedimos respuestas al sistema de justicia penal, no medimos sus respuestas”.
Siguiendo con lo anterior, enfatizó en que “las respuestas han sido crecientemente ineficientes, es decir, cada vez la gente cree menos en el sistema de justicia penal, lo que le parece a un país democrático tremendamente preocupante. Cuando la gente ya empieza a no creer en su sistema de justicia, empieza a tomar la justicia por sus propias manos”.