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¿Qué es Ley de Seguridad de Estado y las querellas que el gobierno va a retirar?

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Días antes del cambio de mando, desde el ministerio del Interior y de Justicia anunciaron que una de las primeras medidas que se tomarán será el retiro de 139 querellas levantadas bajo el contexto del Estallido Social.

Según declararon las autoridades, estas se habrían hecho bajo el velo de la Ley de Seguridad de Estado que se decretó durante las protestas de 2019.  Sin embargo, ¿Qué significa en concreto que las nuevas autoridades de gobierno quieran retirar estas querellas?

Una de las primeras propuesta de las autoridades entrantes es eliminar y retirar inmediatamente las querellas que se hayan levantado por la Ley de Seguridad del Estado (LSE) en el marco de las movilizaciones sociales levantadas en octubre de 2019.

El retiro pretende que esta ley no sea utilizada para la persecución injusta y desproporcionada, según se expresó en un comunicado enviado por las carteras de Estado de Interior y Justicia.

Asimismo, en el mismo documento se señaló que se levantará una mesa de reparación para las víctimas de violación de Derechos Humanos que estará a cargo de la próxima subsecretaria, Haydee Oberreuter.

¿En qué consiste la Ley de Seguridad del Estado?

Esta ley se levantó durante la dictadura para mantener el control del orden público a través del aumento de las penas para diferentes delitos que afecten este orden.  Esta es precisamente la Ley 12.927, que contempla en su Título III los “delitos contra el orden público”, apartado que sería utilizado por las autoridades ante los desmanes ocurridos entre las manifestaciones por el alza de pasajes en el transporte público.

Según se expresa en el articulo 6 de la letra C, esta ley contempla los siguientes actos como delitos:

“los que inciten a destruir, inutilizar, interrumpir o paralizar, o de hecho destruyan, inutilicen, interrumpan o paralicen, instalaciones públicas o privadas de alumbrado, energía eléctrica, de agua potable, gas u otras semejantes; y los que incurran en cualquiera de los actos antedichos con el fin de suspender, interrumpir o destruir los medios o elementos de cualquier servicio público o de utilidad pública“.

Serían entonces estos lo que se verían condenados con una pena de “presidio, relegación o extrañamiento menores en sus grados mínimo a medio, sin perjuicio de las penas accesorias que correspondan según las reglas generales del Código Penal”.

La reacción de las nuevas autoridades

Por su parte, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, señaló que “para que haya un indulto tiene que haber condena, y por lo tanto, en las prisiones preventivas no hay posibilidad de hacer un indulto, ahí lo que se necesita es una amnistía y eso se está discutiendo en un proyecto de ley que nosotros, al menos hemos apoyado”.

En tanto, Camila Vallejo, ministra Vocera de Gobierno, ratificó que “no tenemos ningún problema de afrontar estas decisiones porque han sido trabajadas y adoptadas de manera responsable”.

En la contraposición, el ex ministro Belollio interpeló la decisión de las nuevas autoridades. “Van a sacar 139 querellas por seguridad del Estado lo cual es una mala noticia, y lo es porque es una señal que en el fondo se empieza a validar la violencia como un método legítimo de acción política”, expresó.